El informe final realizado y
socializado en junio del 2022 por la comisión para el esclarecimiento de la
verdad, la convivencia y la no repetición; refleja las consecuencias que ha
generado en Colombia la guerra, entendida no solo desde el conflicto armado,
sino también desde la disputa por el poder político y económico, lo que dejo
como resultado una sociedad profundamente fracturada, violenta y un millar de
víctimas que en su mayoría pertenecen a la sociedad civil. En este proceso es
evidente que la escuela no pasa desapercibida y es atravesada por dichas
situaciones, afectando sus dinámicas institucionales, sus relaciones y los
procesos de enseñanza – aprendizaje que de ella emanan.
Es así que en este artículo pretendo recoger
en un primer momento algunas consideraciones generales del informe final
sección hallazgos y recomendaciones, ya que esto posibilita en un segundo
instante, entrever algunas condiciones históricas, contextuales y normativas,
que aterrizan en las dinámicas actuales institucionales (escuelas), y como
desde allí se puede asumir los retos y recomendaciones que visibiliza la
comisión de la verdad en su informe respecto al papel fundamental de la
educación en la construcción de una sociedad en paz y democrática.
Para iniciar es necesario dar cuenta
de la naturalización de la violencia de la que se habla en el informe, esto es
manifiesto como un mecanismo de adaptación a las adversas consecuencias de la
guerra, en cuanto, el difícil acceso de las victimas a escenarios
institucionales para la justicia, la perdurabilidad en el tiempo de la
impunidad y la gran exhibición al horror al que ha estado expuesta la sociedad
colombiana por años, así lo afirman al indicar que:
La naturalización de la violencia o la aceptación de vivir en el modo
guerra han llevado a la banalización del daño y a la degradación no solo de la
guerra, sino de la sociedad; a la desvalorización de la dignidad de las
víctimas y de todas las demás personas. En esta crisis en la cual la
deshumanización está en todos los niveles, no hay vida, verdad, respeto o
justicia que valgan.
(Informe final Comisión de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones, 2022, p. 63)
En este sentido la guerra ha generado
un profundo proceso de “deshumanización”, incluso en aquellos que no han sido
expuestos directamente al conflicto, los medios de comunicación desde la
repetición constante de los horrores de la guerra, lo que han forjado es
cansancio y deseos de desconectarse de dicha información. Aquí surge un primer
elemento fundamental para tener en cuenta en educación y es el desarrollo de la
inmovilidad emocional y psicoafectiva, que la “deshumanización” ha provocado.
Un segundo factor que aparece allí
como fundamental es el que se refiere a la necesidad urgente de consolidar una
democracia distinta, no violenta, participativa, que se reconozca en la
diversidad, profundice en las libertades y permita construir un proyecto de
nación desde las bases, el reconocimiento de grupos históricamente excluidos
(mujeres, indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ+, etc.) y la participación
ciudadana. Esto se refleja en el informe de hallazgos y recomendaciones cuando
la comisión de la verdad afirma que, “La lucha alrededor de la construcción de
la democracia es el aspecto central de este hallazgo de la Comisión.” (p.
92). Esto brota como componente
fundamental para la educación, puesto que es desde la escuela que se configura,
se construye, se transforma y/o se consolida un proyecto de nación, más aún si
uno de los objetivos propuestos es la configuración de una paz estable y
duradera.
Desde este derrotero, se refleja en
el informe instantes de apertura y cierre de la democracia en Colombia durante
la guerra, lo que permite entender algunos procesos históricos que son
importantes, porque se consolidaron pactos y acuerdos que pacificaron por
intervalos la violencia en Colombia, lo que brinda elementos para alcanzar el
objetivo de una democracia sin violencia y la construcción de la paz. Por
consiguiente, la comisión establece tres momentos históricos claves que son:
●
El Frente Nacional
(1958-1974), que comprendió un pacto partidista entre liberales y conservadores
para alternarse en el poder, dado que es la pugna por el dominio del gobierno
nacional de estos dos partidos, lo que forjo una violencia de alta intensidad.
Ahora bien, este hecho proporciona algunos factores a tener en cuenta. Primero
el logro de la pacificación de la violencia, puesto que, “el pacto entre los
dos partidos se propuso la pacificación política, el reformismo social y el
desarrollismo en materia económica” (Informe final Comisión de la Verdad,
Hallazgos y Recomendaciones, 2022, p. 97), segundo la apertura de la
participación de la mujer desde el sufragio y el reconocimiento de ellas como
ciudadanas, tercero la creación de espacios de convivencia y democráticos, como
por ejemplo, las juntas de acción comunal y por último “propuso una reforma
agraria, para la que se crearon instituciones como el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria (Incora)” (Informe final Comisión
de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones, 2022, p. 98)
Sin embargo, la exclusión de las
minorías políticas, la utilización de la fuerza estatal y la persecución, para
intervenir algunas regiones que aun presentaban brotes de violencia, la fallida
reforma agraria por la oposición a la misma expresa y manifiesta por las elites
y el contexto de la guerra fría, condujeron nuevamente a un resurgimiento del
conflicto y al nacimiento de las guerrillas.
●
La constituyente nacional
(1991): Después del Frente Nacional, se vivió un recrudecimiento de la guerra
por la llegada del narcotráfico, el paramilitarismo, la lucha armada, el
genocidio de la Unión Patriótica, la pérdida de confianza de la población en el
estado y el gobierno, por los crímenes a Derechos Humanos llevados a cabo por
la fuerza pública.
A pesar de ello el proceso de
constituyente fue posible gracias al cambio de, “paradigmas mentales y de
propósitos políticos en todos los actores involucrados en la guerra. Se pasó de
la intransigencia a la concertación, y del todo o nada a la búsqueda del mejor
acuerdo posible. La política volvió a tener potencial transformador” (Informe
final Comisión de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones, 2022, p. 108)
Por lo tanto la constituyente dejo
ver la necesidad y lo esencial de reconocer las diversas corrientes y en
especial de llegar a acuerdos sobre lo fundamental, así mismo dio apertura a la
creación de la corte constitucional, como una de las instituciones democráticas
más importante de la historia de Colombia, porque visibilizo los derechos
individuales, económicos, políticos y sociales extrínsecamente al escenario
subversivo, todo ello derivo en la apertura de la democracia participativa con
la que surgieron, movimientos, partidos y propuestas locales, que construyeron
desde la diversidad ideológica y política.
Por otra parte, a pesar de la
constitución devino la guerra a consecuencia de diferentes situaciones, primero
se concibió la paz solo desde el “silencio de los fusiles” lo que limita la
construcción de un proyecto de nación; segundo “el narcotráfico se consolidó
como un actor político-militar que financió y articuló una coalición contra las
reformas y la democratización que se derivaban de la Constitución a través del
proyecto paramilitar” (Informe final Comisión de la Verdad, Hallazgos y
Recomendaciones, 2022, p. 110), tercero, la exclusión continuo a pesar de los
esfuerzos, en el escenario político lo que dio la posibilidad a las guerrillas
de instalarse en dichos territorios y por último la abundancia de la coca y el
petróleo, derivo en actos de corrupción que entraron a la contienda política.
●
Acuerdo de paz de (2016).
Se llevó a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las
FARC- EP en la Habana, como factor sobresaliente está el reconocimiento de la
existencia de un conflicto armado en Colombia, lo que abre el camino de posibilidades
de acceso a la verdad, justicia y reparación a las víctimas (la creación de la
comisión de la verdad y la JEP), un reconocimiento político a la guerrilla, lo
que les permite volver a participar en la vida pública, la creación de la ley
de víctimas y con ello un énfasis necesario en las mismas, la importancia de
crear un diálogo nacional y por último pero no menos importarte la ruptura
entre las elites en el país (Uribe / Santos).
Desde este panorama es evidente que
los retos por asumir siguen siendo muchos y variados, pues, aunque se cerró un
capítulo de la guerra insurgente (Comisión de la Verdad, Hallazgos y
Recomendaciones, 2022), aún persiste la violencia generada por las disidencias,
el paramilitarismo y el legado del narcotráfico que aun pulula con fuerza en
los aspectos políticos, aumentando la cifra de las víctimas en el país, no
obstante el reciente triunfo de Petro y Francia a la presidencia y
vicepresidencia respectivamente y habiendo logrado un buen número de curules en
el senado a través del Pacto Histórico, el país se reviste con la esperanza de
lograr esta vez un cambio que conlleve al establecimiento de una paz estable,
duradera y con justicia social.
Es así como, en el Informe final de
la Comisión de la Verdad, se encuentra una serie de recomendaciones dirigidas
al ámbito educativo, como eje fundamental para la transformación de la cultura,
puesto que desde allí se forja las formas de entender y relacionarse con el
mundo desde la esfera personal y social.
En el documento se evidencian nueve recomendaciones dirigidas
al sector educativo, sin embargo, aquí, profundizare en dos de ellas que me
parecen fundamentales para iniciar en este proceso de transformación con miras
a la construcción de la paz estable y duradera.
- Al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Educación y las secretarías de educación certificadas, con participación
amplia de las comunidades educativas y la asesoría de personas expertas,
nacionales e internacionales, realizar los ajustes normativos,
institucionales y presupuestales necesarios para que el sistema educativo
implemente una estrategia pertinente y efectiva para la formación de
sujetos capaces de vivir en paz (Informe final
Comisión de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones, 2022, p. 887)
Para iniciar la comisión propone un
revisión y ajustes normativos del sistema educativo, que refleja una coherencia
y se hace necesario en cuanto la institucionalidad ha estado marcada por el
devenir histórico del conflicto, desde los manifiestos intereses de quienes han
detentado el poder político por años en nuestro país. A pesar de que el
proyecto educativo nacional tuvo un “primer esfuerzo importante de acercamiento
a lo que podríamos llamar un pacto social por la educación fue el proceso de
elaboración de la Ley General de Educación, que se aprobó en 1994” (Cajiao,
2004, p 41), es necesario volver a generar un proceso que actualice y modifique
las normas necesarias para convertir las escuelas en centros donde confluyan
escenarios realmente democráticos y participativos.
En este sentido hay que ahondar esfuerzos para que, en dicha
revisión y ajuste, se garantice la participación amplia de la comunidad
educativa no solo desde la voz, sino también desde el ámbito decisorio pues,
Sin duda, el proyecto de ley acordado entre el gobierno y los educadores
significó importantes reformas para el progreso de la educación, pero muchas de
ellas fueron criticadas con dureza por grupos académicos y gremiales excluidos
de la discusión, pues era evidente que se estaba perdiendo una valiosa
oportunidad para hacer reformas más profundas y de mayor perspectiva en la
transformación del sistema educativo. (Cajiao, 2004, p 42)
Como ya indico la ruta de trabajo
propuesta por la comisión en los procesos que apunten a la paz es necesario
integrar las diversas visiones, los grupos minoritarios y/o históricamente
excluidos y construir escenarios de diálogo donde se generen pactos y acuerdos
que se consoliden en un nuevo proyecto de nación. Por esta razón considero que
este impulso podría ser incluso el avance hacia una “constituyente educativa”,
donde los expertos internacionales que nos acompañen sean de aquellos vecinos
países que han atravesado experiencias similares, como por el ejemplo el caso
de Chile donde se está hablando de constituyente y la consolidación de un nuevo
modelo educativo, que pasa por recoger el trasegar y la experiencia incluso de
las prácticas de educación popular como se ve a continuación,
Acrecentar y profundizar estas interrogantes en el ámbito
educativo, específicamente, requiere, a su vez, recoger y sintetizar las
diversas formulaciones, críticas y propositivas, desarrolladas desde las
organizaciones vinculadas con la actividad educativa. En este movimiento
consideramos tanto a organizaciones de estudiantes y docentes del sistema
formal. (Caro y
Reyes, 2021, p 152)
En suma, la tarea educativa al respecto es ardua, porque en
esta revisión normativa no solo se requiere prestar atención a las situaciones
de financiación, condiciones laborales, tipo de gestión y modelos
institucionales, sino que se debe ahondar en el modelo educativo desde el
ámbito pedagógico y el escenario curricular que se despliega en las escuelas,
esto último entrelazado con la siguiente recomendación hecha por la comisión y
a la que se le prestara atención aquí.
Revisar y ajustar las diferentes herramientas, programas,
proyectos transversales, áreas de conocimiento con las que se pueden abordar
los elementos de la transformación cultural aquí propuestos, los cuales se
relacionan con el reconocimiento y valoración de la igualdad de dignidades así
como de la diversidad, la pluralidad y la diferencia cultural, étnica, de
género, política e ideológica; la comprensión de los impactos del conflicto
armado y la visibilización de los afrontamientos y
resistencias; el rechazo de la violencia, el cuidado de la vida; y el
desarrollo de la capacidad de diálogo y deliberación. (Informe final Comisión
de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones, 2022, p. 887)
Para llevar a cabo esta recomendación, es necesario recordar
que el artículo primero de la Ley 1732 de (2014), establece que, “Con el fin de garantizar la
creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase
la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar,
básica y media como una asignatura independiente”.
Esta ley surge desde el dialogo generado en la Habana con la
guerrilla de las FARC-EP y se reglamenta a través del decreto 1038 de 2015, este precedente es importante
como un primer impulso para formar espacios de educación enfocados a la paz,
desde la verdad, el reconocimiento de las víctimas, la justicia social y la
reconstrucción del tejido social. Sin embargo, al rastrear algunos ejercicios
investigativos (puesto que la norma es relativamente nueva) realizados al
respecto de la aplicación de la ley, o en otras palabras la ejecución de la
catedra, se encuentran varias dificultades que se describen a continuación.
(…)en algunos casos los docentes esperan un paquete de instrucciones para
ellos únicamente ejecutar y no una cartilla que permite crear estrategias
innovadoras a la hora de la enseñanza, como ha sido el caso de múltiples
experiencias en la que los docentes según las necesidades de su institución
crean programas y actividades para la educación de la paz (Cristancho, 2019, p.54)
Lo anterior refleja la dificultad que
ha existido en algunas instituciones de interiorizar la catedra de la paz como
un escenario fundamental para la transformación social, en cuanto algunos
maestros están desinformados al respecto y no hay una claridad de como llevar la catedra al aula, lo que devela un falta de
capacitación y concientización de la importancia del escenario como elemento
fundante, para incentivar escuelas más participativas y democráticas, que estén
en consonancia con el desarrollo de una paz estable y duradera. Esta realidad
la refuerza Cristancho (2019) al afirmar que “al remitirnos específicamente a
la secretaria de educación la respuesta siempre se dirigió a que los
establecimientos de educación tenían toda la facultad para manejar ese tema
según las necesidades”. (p.54).
Este panorama nos lleva a ratificar
que, aunque existe cierta comprensión general de la importancia de la
construcción de una sociedad más democrática y en paz; pero en el marco local,
regional e institucional, no ha cobrado tal importancia y ha sido difícil
entender de qué manera se aterriza ello en la educación tanto en el campo
pedagógico, como en el campo administrativo, así lo visibiliza Cristancho
(2019) al indicar que,
Mediante el trabajo de campo realizado para efectos de este proyecto se
pudo evidenciar que la cátedra de la paz se ha convertido en algo ajeno al
municipio, es decir es un tema importante dentro del marco actual del país, sin
embargo, a nivel local se evidencia la falta de conocimiento sobre el contenido
de carácter pedagógico que trae consigo. (p.55)
Así mismo en otro estudio se evidencia como al ser la norma
creada por agentes externos a las dinámicas propias institucionales de los
planteles educativos, se generan vacíos y confusiones, en este sentido es
necesario construir una propuesta educativa y normativa al respecto que emane,
o tenga en cuenta realmente las voces de la comunidad educativa, pues esto da
valor y coherencia a la catedra, desde la lectura hecha por los contextos
específicos pasando a los contextos nacionales y generales. Dicha situación es
expuesta por Sáenz y Ortiz (2019) al indicar que,
Los opositores de la ley apuntan que la Cátedra de la Paz fue planteada
por entidades incompetentes para el campo de la educación, sin integrar las
instituciones educativas y por lo cual, contiene muchos vacíos, incertidumbres
y causa confusión en los momentos de su desarrollo y gestión, eso por la falta
de sincronización entre la propuesta, generada por el Ministerio de Educación y
la realidad educativa en la cual están paradas las instituciones escolares. (p. 98)
Y como último aspecto para tener en cuenta aquí, en otro
estudio se encontró que varios colegios aun no implementaban rigurosa y
pedagógicamente la catedra de la paz, en algunos casos se reduce al check list de “actividades
sueltas para justificar”, pero no se configura en proyectos o cátedras como su
nombre lo indica, por diferentes aspectos que se reflejan a continuación,
Desconocimiento
de la Ley, falta de capacitación docente, falta de gestión administrativa por
parte de directivos docentes y, al parecer, el motivo más importante, por falta
de compromiso por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá y del
Ministerio de Educación Nacional al no brindar las herramientas necesarias para
el cabal cumplimiento de la Ley, como los tiempos, espacios, capacitaciones,
entre otras para llevar a cabo la Cátedra de la Paz. (Huertas y Ramos,
2017, p.60)
Si recogemos los hallazgos de dichas
investigaciones se da cuenta del carácter pedagógico y democrático, que aún se
debe iniciar en las escuelas no solo desde la relación enseñanza – aprendizaje,
sino desde cómo se piensa y se hace el currículo, incluida la política pública
educativa; donde la comunidad educativa en cabeza de los maestros necesita
ganar autonomía para tomar decisiones más correspondientes a los diferentes
contextos educativos y apuntarle de esta manera al reto de la paz.
A modo de conclusión se puede
evidenciar como la tarea que espera al estamento educativo es ardua, para el
logro de los objetivos propuestos para la paz, puesto que el camino para la
construcción de esta requiere de diversas transformaciones desde el escenario
pedagógico/ curricular, en cuanto la metodología, qué se va a enseñar, por qué
y cómo, esto buscando siempre corresponder a la realidad inmediata del colegio.
Lo anterior sin olvidar que esta vivencia es procesual pero que urge iniciar
ya, en tanto es la educación la vertebra de la apuesta social para lograr
escenarios para el buen vivir, la vida digna y el respeto, que en últimas son
los pilares que constituyen la paz. Para finalizar es importante descentralizar
la escuela y darle más autonomía, como un elemento fundamental para la
construcción de escenarios más participativos y democráticos al interior de la
misma, esto con miras a construir política pública educativa desde estos
escenarios y experiencias legitimados por las comunidades educativas.
REFERENCIAS
Presidencia de
Colombia,(2022).Hay futuro si hay verdad, informe final, Comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, (Informe
final, hallazgos y recomendaciones, 2022).
Cajiao, F., (2004). La
concertación de la educación en Colombia. Revista Iberoamericana de Educación,
(34), 31 – 47.
Caro y Reyes (2021).
Educación pública y proceso constituyente en Chile. Hacia lo estatal –
comunitario como un nuevo orden constitucional, para la educación del siglo
XXI. Fumando Opio II, 151- 173.
Congreso de la República
de Colombia. (8 de febrero de 1994). Ley General de Educación. [Ley 115 de
1994]. DO: 41.214
Congreso de la República
de Colombia. (1 de septiembre de 2014). Por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las
instituciones educativas del país.
[Ley 1732 de 2014].
Cristancho, A., (2019).
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[Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio
institucional Unimilitar https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/32240/cristanchoangie2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Sáenz, M., y Ortiz, J.,
(2019), Estado del arte sobre la cátedra de la paz en las instituciones
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Huertas, L., y Ramos, C.,
(2017), Educación y paz: la eficacia de la cátedra de la paz en Bogotá. el caso
de la localidad 4° San Cristóbal durante el 2016 [Trabajo de grado, Universidad
La Gran Colombia]. Repositorio institucional UGC https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/5260/Eficacia_c%C3%A1tedra_paz_Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1
